Declaraciones del licenciado Carlos Manuel Mesa, defensa técnica de Ramón David Hernández, Yajaira Brito Evangelista y Roberto Santiago Moquete.
“Una derrota con sabor a victoria para la defensa, y una victoria con sabor a amargo para el Ministerio Público. En nuestra participación como defensa técnica de los señores Ramón David Hernández, Yajaira Brito Evangelista y Roberto Santiago Moquete, imputados en la Operación Calamar, planteamos un incidente de extinción de la acción penal, sosteniendo que el plazo máximo establecido por la ley ya había transcurrido.
El tribunal rechazó nuestra pretensión por mayoría de dos juezas contra una, pero la jueza presidenta emitió un voto disidente en el que acogió nuestra tesis y sostuvo que efectivamente se había extinguido la acción penal a favor de los imputados que representamos. Para nosotros, este resultado representa una derrota con sabor a victoria, porque nuestra posición jurídica fue plenamente acogida en el voto disidente de la presidenta del tribunal.
Desde la perspectiva del Ministerio Público, podría interpretarse como una victoria con sabor amargo, ya que la discusión sobre la extinción de la acción penal quedó abierta y uno de los miembros del tribunal concluyó que el proceso ya había excedido los límites temporales que la ley establece.
Lo más importante, sin embargo, es el razonamiento jurídico que queda planteado. La defensa entiende que el cómputo del plazo no puede construirse de manera retrospectiva, desconociendo precedentes propios del tribunal y, mucho menos, los criterios vinculantes establecidos por el Tribunal Constitucional. Por eso, aunque respetamos la decisión adoptada, consideramos que existe un tema constitucional y procesal de gran relevancia que merece ser examinado a fondo. Continuaremos ejerciendo todos los mecanismos jurídicos a nuestra disposición, en la certeza de que el poder del Estado para perseguir penalmente también tiene límites. Hoy no termina la discusión.
Por el contrario, el voto disidente ha dejado planteada una importante controversia sobre la interpretación correcta de los plazos de duración del proceso y del respeto a los precedentes vinculantes de nuestro Tribunal Constitucional. La defensa seguirá firme y… jurídicamente comprometida con la protección de nuestros representados.”
