La designación al Comité de Programa y Coordinación reaviva el debate sobre derechos humanos, especialmente el trato a las mujeres en el país.
La reciente nominación de Irán para integrar el Comité de Programa y Coordinación (CPC) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha generado una ola de críticas internacionales, no tanto por el procedimiento en sí, sino por lo que muchos consideran una evidente contradicción.
El pasado 8 de abril de 2026, el Consejo Económico y Social (ECOSOC) propuso a Irán para formar parte de este comité clave, encargado de definir prioridades estratégicas y supervisar áreas sensibles como derechos humanos, igualdad de género, desarme y justicia social. Es decir, un espacio donde se deciden políticas que, en teoría, buscan proteger exactamente aquello por lo que el país ha sido ampliamente cuestionado.
La nominación avanzó bajo los mecanismos habituales de la ONU —rotación regional y elección por aclamación— con el respaldo de países como Reino Unido, Francia, España y Canadá. Sin embargo, esto no evitó que surgieran reacciones inmediatas. Estados Unidos rechazó abiertamente la designación, calificando a Irán como “no apto” para orientar programas internacionales, mientras que Israel fue más directo, describiendo la decisión como un “insulto al sentido común”.
Y es que las críticas no surgen en el vacío. Irán enfrenta investigaciones dentro del propio sistema de la ONU por posibles crímenes de lesa humanidad relacionados con la represión de protestas. A esto se suma un antecedente difícil de ignorar: en 2022, fue expulsado de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, un hecho sin precedentes.
En ese contexto, la idea de que el país pueda influir en políticas vinculadas a los derechos de las mujeres resulta, para muchos, cuanto menos irónica. En Irán, las mujeres viven bajo estrictas normas sociales y legales: deben cubrir su cabello en público, enfrentan limitaciones en su forma de vestir y pueden ser sancionadas por no cumplir con códigos de conducta impuestos por el Estado. Además, su participación en ciertos ámbitos sigue estando condicionada por regulaciones que organismos internacionales han calificado como discriminatorias.
Aun así, dentro de la lógica institucional de la ONU, la nominación tiene una explicación técnica. El sistema permite que cualquier Estado miembro con sus obligaciones al día pueda ocupar cargos, siempre que cuente con el respaldo de su grupo regional. En este caso, Asia-Pacífico presentó a Irán como candidato único, lo que facilitó su avance sin votación formal. Porque, al parecer, en el complejo engranaje diplomático, el procedimiento pesa más que la percepción.
Mientras tanto, el contraste dentro de la propia ONU es evidente. Apenas semanas antes, el Consejo de Seguridad aprobó la Resolución 2817, condenando acciones militares atribuidas a Irán en la región. Es decir, el mismo país que es cuestionado en materia de seguridad internacional, ahora participa en la planificación de políticas globales.
Lejos de ser un caso aislado, Irán también ha ocupado otros espacios en 2026, como la vicepresidencia de la Comisión de Desarrollo Social y un puesto en el Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos. Todo esto refuerza una presencia que, para algunos, responde a la diplomacia; para otros, a una desconcertante normalización.
En medio de este escenario, la ONU insiste en su principio de universalidad: todos los Estados deben tener voz. La pregunta que queda en el aire es si tener voz también debería implicar tener credibilidad en los temas que se pretende liderar.
