SANTO DOMINGO. – El Ministerio Público ha presentado una acusación formal ante los juzgados de la instrucción del Departamento Judicial de Santo Domingo contra los principales ejecutivos de la compañía AP. Desarrollo Inmobiliario, S.A. y otras personas vinculadas, a quienes se les imputa un entramado delictivo de falsificación de documentos, uso de actos falsos y asociación de malhechores para apropiarse de extensas porciones de tierra valoradas en millones de pesos.
- La denuncia y la trama fraudulenta: La investigación surge a raíz de una querella interpuesta por los herederos legítimos del finado José Ozuna Decena. Según el expediente, los imputados, liderados por Francisco Arcenio Peña Rivera y Albert Arsenio Peña Abreu, se habrían apoderado de manera fraudulenta de terrenos que superan los 120,000 metros cuadrados, utilizando actos de venta bajo firma privada ficticios y falsificando la firma del propietario original para despojar a las familias sucesoras.
- Pruebas forenses contundentes: Un aspecto clave del caso es el informe pericial No. D-0362-2025 emitido por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF). El experto calígrafo, tras comparar documentos de referencia con un supuesto acto de venta de 1977, concluyó de manera irrefutable que la firma plasmada en el contrato utilizado para sustentar el fraude es falsa y no coincide con los rasgos caligráficos del fallecido propietario.
- Coacción y tácticas intimidatorias: Más allá del fraude documental, la acusación detalla una atmósfera de intimidación. Los querellantes denunciaron haber sido víctimas de amenazas de muerte. Específicamente, se señala que los ejecutivos de la empresa retuvieron ilegalmente al ciudadano Carlos Romero Alcántara Sugilio en las instalaciones del Ayuntamiento de Santo Domingo Este, advirtiéndole que “si se acercaba a los terrenos, terminaría enterrado como un invasor”, acto del cual existen testimonios presenciales.
- Operatividad del fraude: El esquema se basó en crear supuestos contratos donde, irónicamente, se falsificaron documentos con fechas anteriores a la expedición de los propios títulos de propiedad. Los implicados, posteriormente, procedieron a traspasar las propiedades a la compañía AP. Desarrollo Inmobiliario, S.A., operada por familiares de los involucrados, buscando blanquear el origen ilícito de los inmuebles y dificultar el rastreo por parte de las víctimas.
- Peticiones del Ministerio Público: Ante la gravedad de los hechos, el Ministerio Público ha solicitado la apertura a juicio y la imposición de prisión preventiva para los encartados (Art. 230-7 del Código Procesal Penal). La fiscalía busca sancionar estas violaciones a los artículos 147, 148, 150, 151, 265 y 266 del Código Penal Dominicano, así como una indemnización ejemplar de cien millones de pesos por los daños y perjuicios materiales causados a los herederos y legítimos propietarios.
Violación de la propiedad privada: Los imputados han vulnerado el derecho fundamental a la propiedad de los herederos de la familia Ozuna, utilizando mecanismos de despojo ilegal.
Falsificación documental: Existe una demostración científica (INACIF) de que los actos de venta fundamentales para la transferencia de terrenos son falsos.
Anomalías cronológicas: El fraude presenta incongruencias legales notables, como menciones de certificados de títulos en actos privados redactados años antes de la creación de los títulos reales.
Asociación de malhechores: Los ejecutivos de AP. Desarrollo Inmobiliario, S.A. actuaron de forma concertada con terceros para cometer múltiples ilícitos.
Violencia y amenazas: La utilización de la amenaza directa para coaccionar a los herederos eleva la peligrosidad y el carácter criminal de las acciones de los imputados.
